La ‘falacia del fiscal’

En un Estado social y democrático de Derecho de plenas garantías efectivas que reconoce como derecho fundamental la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE), resulta difícil que pueda producirse la llamada falacia del fiscal, ya que todo ciudadano es considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante pruebas ciertas e irrebatibles.

Ahora bien, todos los que nos dedicamos al ejercicio de la abogacía hemos observado en alguna ocasión que el juzgador goza de ciertos márgenes apreciativos sobre la rotundidad de la prueba de cargo predicable del procesado. Esto puede resultar más grave en aquellos sistemas judiciales en los que el jurado popular se erige como elemento determinante de la culpabilidad o inocencia del procesado.

En concreto, ha ocurrido ya en algunos juicios en Estados Unidos que el uso del cálculo de probabilidades como argumento para apoyar o negar determinadas acusa-ciones ha dado lugar a la llamada falacia del fiscal, siendo fundamental la habilidad del fiscal y de los abogados intervinientes en el proceso para plantear las cuestiones fácticas que afectan a la culpabilidad del acusado.

Se va a exponer un ejemplo sencillo de la denominada falacia del fiscal. Supongamos que en el escenario de un crimen se han encontrado rastros de sangre de un grupo sanguíneo que sólo se encuentra en el 1 % de la población. La policía, después de realizar las pesquisas correspondientes, detiene al sospechoso que resulta tener dicho grupo sanguíneo.

Abierto el proceso, el fiscal argumenta que si el sospechoso fuera inocente, la sangre tendría que provenir de otra persona, lo que sucede con probabilidad del 1 %. Por consiguiente, según el fiscal, la probabilidad de que el sospechoso sea inocente es justamente del 1 %; o, dicho de otra forma, hay un 99% de probabilidad de que sea culpable. Bajo esta burda argumentación, por raro que pueda parecer, cuando el acusado no se ha podido pagar un buen abogado, en determinados juicios ocurridas en Estados Unidos se ha llegado a esa errónea conclusión, al quedar seducido el jurado por la brillante oratoria del fiscal apoyada sedicentemente por una argumentación matemático-probabilística.

¿Dónde está el error del fiscal al formular tal acusación?

El fiscal confunde las probabilidades p(GS/I) y p(I/GS), donde I representa el suceso ser inocente y GS el suceso tener el grupo sanguíneo en cuestión. La evidencia es que el sospechoso tiene el grupo sanguíneo, es decir, se verifica GS, y hay que calcular p(I/GS), esto es, !a probabilidad de que, teniendo ese grupo sanguíneo, sea inocente.

Supongamos ahora que en la ciudad donde se cometió el crimen hay un millón de personas. El número de personas con el grupo sanguíneo GS es de 10.000, que se convierte en el espacio muestral para la probabilidad condicionada p(l/GS). Ahora bien, de esas 10.000 personas hay 9.999 que son inocentes (supo-nemos que hay un único culpable), con lo que p(I/GS) = 9.999/10.000 = 0,9999; o, lo que es lo mismo, hay un 99,99% de probabilidad de que el sospechoso sea inocente si la única prueba de que se dispone es el grupo sanguíneo.

Se ha de observar finalmente que bastaría con que la población que cumpla GS tuviera dos individuos para que el sospechoso tuviera el 50% de probabilidades de ser inocente. O, dicho de otro modo, para que este tipo de evidencias sean concluyentes por sí mismas debe verificarse que la población estimada que cumple GS se reduzca a 1, que será, evidentemente, el propio acusado.

Empero no puede rechazarse radicalmente el cálculo de probabilidades en los procesos judiciales, siempre que éstos tomen correctamente el espació muestral, que es lo que sucede, por ejemplo, con las pruebas genéticas de ADN, que consiste en una combinación de cuatro ácidos fundamentales pero de una longitud tan extraordinaria que la probabilidad de que dos personas tengan el mismo código genético es nula. De aquí precisamente la contundencia de esta prueba.