UN
VOTO POR COEFICIENTES
Si alguien propusiera un día establecer un
sistema electoral en el que las personas con mayor inteligencia o formación
dispusieran de mayor “fuerza de voto” que los pobres, los débiles mentales o los
incultos, sin duda la pitada sería ensordecedora. Me
atrevo a suponer que un rechazo parecido se daría en
Tranquilos, amigos, me guardaré muy bien de
tamaña proposición. Me guardaré de hacerla, porque es ya una realidad en el
mundo de hoy día. Desvirtuando el principio de “un hombre, un voto”, de hecho
se da ya en nuestra organización política sedicentemente
democrática (y en cualquiera) el voto coeficiental.
¿Cómo? No hay más que analizar. En la asignación
de diputados para el parlamento catalán, por ejemplo, la provincia de Lleida
dispone de 15 escaños para 312 000 electores (electores, que no habitantes),
mientras que la de Barcelona tiene 85 para 4 011 000. El cálculo es fácil: un
ilerdense dispone de una fuerza de voto equivalente a la de 2,27 barceloneses.
¿Parece fuerte? Muy bien, vayamos al País
Vasco. Cada una de sus tres provincias dispone de 25 diputados en su
Parlamento. La relación de “fuerza de voto” entre Álava y Vizcaya es ahora de 3,96.
Es curioso que un intento de nivelar las capacidades de voto de las tres
provincias motivó hace unos años una sonora protesta alavesa, que consideraron
“antidemocrática” tal propuesta (!).
En la globalidad de España no ocurre esto,
faltaría más. Cada provincia dispone de un número de escaños aproximadamente
proporcional a su población. Pero, ojo, que ahí está el Senado. Toda ley tiene
que ser ratificada por esta institución, y en ella cada provincia tiene dos
escaños sea cual sea su demografía. ¡La fuerza de voto de un soriano es 57
veces mayor que la de un madrileño!
¿Es esto injusto? Analicemos más de cerca.
Las cámaras territoriales son un peaje que pagan los sistemas electorales para
conseguir que todo el mundo, incluidas las “provincias” menudas, acceda a
formar parte del sistema sin que peligre demasiado su propia personalidad.
Hagamos política ficción: si España se sumara, pongo por caso, a Estados Unidos
como un simple Estado más, ¿aceptaríamos impasibles que la fuerza de los
trescientos millones de votos estadounidenses nos arrastrara a nosotros,
pobrecitos cuarenta millones, a una guerra tipo Iraq?
Bueno, de hecho algo muy parecido ya ocurrió en la misma España, cuando los 10
millones de votantes del PP llevaron precisamente a esa misma guerra a todos
esos 40 millones peninsulares.
Así nos estamos acercando ya al núcleo del
problema. En primer lugar, se conviene en que un Estado debe ser gobernable, y
para ello hay que establecer unas reglas. Pero, ¿quién las establece? ¿El
pueblo? Muy, muy indirectamente. Las establecen políticos votados por ese
pueblo, y de ellas pueden resultar incluso la desaparición de ciertos partidos
incómodos (en España se vio un claro ejemplo de esto hace poco). Las “reglas de
gobernabilidad” deben entenderse siempre como “reglas de exclusión”. ¿Que las
normas del recuento (d’Hondt) conducen a una sobrerrepresentación
de algunos partidos? Bueno, qué le vamos a hacer. ¿Que las mismas reglas llevan
a una guerra querida sólo por una cuarta parte de los electores (y aun esto
sería discutible, visto el estruendo de las caceroladas)? Bueno, pues adelante,
siempre impávidos.
Es frecuente confundir la democracia con una
de sus técnicas, la electoral. Pero no basta con decir que “hay elecciones”.
También las había en tiempos de Franco, o en la URSS. Es preciso que éstas
representen de verdad los deseos del pueblo… ¿O no? ¿Qué ocurriría si éste
decidiera que no hay que pagar impuestos? Sin duda estaríamos en un caso de
suicidio social; por ello los partidos políticos se guardarán muy bien de
proponer una moción así: ellos dicen interpretar la esencia de la democracia,
como la Iglesia interpreta las Escrituras. Son muchos los sedicentes demócratas
que con toda seriedad rechazan el referéndum como proceso “antidemocrático”,
rebajando de paso la legitimidad del régimen suizo, tan proclive a plantearlos.
En efecto, cuando se dice que los políticos
elegidos democráticamente representan al pueblo, no hay que entender que “hacen
lo que el pueblo desearía hacer”, sino que “lo que ellos hacen es lo que
entienden como lo mejor para el pueblo”, como los padres representan al hijo o
el tutor al incapacitado. Lo que lleva a un incómodo dilema: si el pueblo no es
capaz de decidir lo mejor que le conviene y otros deben hacerlo por él, ¿cómo se
permite al mismo pueblo elegir a los que van a decidir?
Total, que resulta que la democracia aparece cargada
de contradicciones internas, como el capitalismo según los comunistas de pro. Las
cuestiones a decidir son debidamente cribadas antes de someterlas al pueblo,
pero no en virtud de principios democráticos, sino mediante iluminismo puro y
simple. Se entra en la OTAN por decisión de esos representantes que saben lo
que más conviene, y en la Unión Europea, y en el euro, y en la guerra de Iraq…
Ahí está la tajante negativa a conferir el
poder de votaciones sobre la autodeterminación de algunas nacionalidades
españolas. Como máximo puede invocarse la Constitución, empíreo texto a cuya
reforma habría que proceder antes de poder tocar ciertas cuestiones. Pero,
¿quién decide si se reforma la Constitución? Nuevamente el núcleo interpretador,
que representa a la mayoría. ¿Dónde está, pues, el respeto a las minorías? Otra
contradicción interna, pues parece que esa afirmación, con la que usualmente se
acompaña a la de democracia, es una mera frase retórica.
Hemos dejado para el final otro aspecto, no
tan chusco como pudiera parecer; en todo caso poco discutido. ¿Por qué carecen
de voto los menores de edad? Ojo antes de dar una respuesta que se parecería
incómodamente al razonamiento por el que se negaba en otros tiempos el voto a las
mujeres o a los pobres (supuestamente menos formados). En definitiva, ¿no es el
menor de edad también un ser humano? Hemos dicho antes que el voto se concede
por ser persona, no por ser licenciado en Ciencias Políticas. ¿Que al final
iban a decidir su voto sus padres o familiares? Bueno, pues mejor que mejor, un
peso menos para el votante. ¿No es eso lo que ocurre hoy con la inmensa mayoría
de los electores, que votan un gobierno, una Constitución o una decisión
estratégica en base a lo que les dictan sus partidos políticos, que les libran
así de la enojosa tarea de informarse debidamente?
Josep
M. Albaigès
Torredembarra,
octubre 2004