Un plan para Cataluña
En los días de regateo con el Estatut asistimos a un espectáculo que debe hacer reflexionar a catalanes y no catalanes. En parte sugerido por algunos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, en parte promovido directamente por algunas emisoras de radio, se incitó a un boicot contra los productos catalanes, y España respondió en una proporción inquietante. La venta del cava catalán descendió en un 8 %, lo que en otras palabra significa que un 8 % de españoles asintieron en una política destinada a perjudicar a Cataluña. No es que el fenómeno sea nuevo. Ya por los años 60, cuando hacer pintadas era más difícil que ahora por los instrumentos más rudimentarios para ello, recuerdo haber visto algunas en Cuenca: “No comprar productos catalanes”.
Bueno, esta vez hay una medida de la proporción mínima de anticatalanistas en España: vendrá dada por la baja en la venta de productos catalanes, especialmente el cava. La prensa dio cuenta de algunas grandes superficies, como Alcampo, que incitaron directamente al boicot informando que “hay cava no catalán”, y las cartas al director de algunos periódicos castellanos informaban de que en algunas ciudades, como Toledo, algunos profesores llegaron a repartir a sus alumnos octavillas con información de las marcas que no debían ser compradas.
Este fenómeno hay que separarlo de la negociación del Estatut, ley que fue pactada prácticamente por unanimidad por el Parlamento catalán, y cuya conveniencia o inconveniencia fue decidida por el Congreso de Diputados, representación del pueblo, y finalmente por los catalanes, que lo aprobaron por amplia mayoría, desde luego muy superior a la del gobierno que rige hoy en España.
Catalanes y no catalanes, al menos los sensatos, vieron esta maniobra como algo muy lamentable. Que una parte del país decida abiertamente perjudicar a la otra sólo puede ser calificado de guerra civil no armada.
El caso es que en Cataluña, donde como es natural estas maniobras no sientan nada bien, existe también un sentimiento de frustración y rechazo ante lo que allí se considera “expolio” por parte del Estado español. Tendrá bases o no este sentimiento, pero es lamentable que nunca el Estado haya decidido presentar cuentas sobre el “saldo catalán”. Los catalanes son conscientes de que deben contribuir solidariamente al desarrollo de las regiones menos favorecidas, pero el sentimiento de que el Estado abusa de esta situación se percibe en numerosos estudios universitarios, que pretenden demostrar que desde hace más de veinte años que no se ha invertido en infraestructuras en la medida en que debiera haberse hecho, provocándose así un retardo que está ya provocando serias dificultades operativas en Cataluña, especialmente al ser comparado con otras regiones donde la inversión estatal ha sido tan abundante y generosa que éstas, con una productividad inferior, disponen hoy de una renta disponible superior al a catalana.
¿Hay solución para esto? Sí, creemos que la más eficaz sería proceder cuanto antes a una separación amistosa de Cataluña con el resto de España, creando un Estado catalán, asociado desde luego con el español, que permitiera a sus habitantes poder administrar sus propios recursos y a la vez dar una sensación de alivio a las restantes regiones, que sin duda verían con satisfacción esta separación de una región para ellas tan distinta a la España tradicional.
Claro que este plan no es fácil, y desde luego debe ser llevado a cabo de forma amistosa. Los lazos de todo tipo, familiares y económicos, establecidos entre Cataluña y España son tan abundantes que de ningún modo debería presentarse este proceso al modo de una “guerra colonial”. Simplemente, se trataría de que cada cual administrara sus propios recursos, manteniendo abiertas las fronteras y vivos los lazos que unen ambas naciones. Se trataría meramente de una separación de economías, al modo como esos matrimonios que disponen cada uno de su propia cuenta corriente y participan en todo caso de los gastos comunes mediante unas aportaciones decididas previamente por mutuo acuerdo. No significaría una ruptura de la “nación española”, tan sólo un acuerdo de administración económica propio de cada región. El Estado español no quedaría “roto”, sino simplemente organizado económicamente de una manera más racional. Con ello se acabarían las acusaciones mutuas de insolidaridad y cada cual sería dueño de su destino. Hora es ya de acabar con anticuados conceptos como “patria”, que sólo sirven, utilizados políticamente, para “justificar” el dominio de unas zonas sobre otras que entienden de otra manera la convivencia. La unión política no debe estar basada de ningún modo en conceptos abstractos como “patria”, “nación” , “historia” u otros, sino en el asentimiento mutuo de los gobernados.
Esta nueva organización política no puede basarse, en modo alguno, en una votación global en todas las tierras del Estado español, sino en el asentimiento mutuo de cada una, definida mediante los patrones históricos, no perfectos según acabamos de decir, pero no por difusos menos existentes. Cobra aquí fuerza la antigua idea de la “Confederación de las repúblicas ibéricas”, incomprensiblemente rechazada siempre por la nación que ha llevado siempre la voz cantante, Castilla, en virtud de su mero peso demográfico y sobre todo de poder.
Ojalá el futuro nos reserve nuevas soluciones al problema español más racionales que la actual, basada en una historia siempre sesgada a favor de la potencia dominante en España. En el pasado hemos visto los intentos de liberarse de ella, coronados con éxito unas veces (Portugal), dominados y aherrojados en otras (Cataluña). Hora es de que los distintos pueblos españoles piensen en una solución convivencial distinta del mero dominio por parte de una nación española que se arroga el papel de representante de las demás.
Barcelona, septiembre 2006