LOS ESTADOS PARÁSITOS

Un Estado supone un determinado dominio o soberanía sobre una población y un territorio. Los teóricos políticos añadirán a esa definición básica toda la carga de intencionalidad que deseen (el Estado como forma jurídica de la patria, ésta como unidad de destino, etc.), pero lo esencial en la idea de Estado es lo dicho. Ni más ni menos.

Sin embargo, el mundo ofrece abundantes ejemplos de “Estados” que sólo a duras penas nos plegamos a admitir como tales en el concierto universal. ¿De verdad son Estados Andorra, Lichtentstein, Gibraltar? Sólo el moderno deseo de no incitar tentaciones imperialistas puede explicar la existencia de tales miniaturas inviables.

Quizá convenga justificar la palabra “inviables”. Aunque no esté contenida en la anterior definición de Estado, resulta obvio que éste debe constituir, en cierta manera, una unidad más o menos autosuficiente para poder garantizar a sus súbditos unas mínimas cualidades de comodidad, seguridad e independencia. No se trata de llegar a la autarquía, concepto ya bien superado, pero sí a posibilitar un razonable grado de personalidad y autonomía efectivas.

El Estado moderno ha devenido un ente suficientemente complejo como para necesitar de una serie de instituciones a través de las cuales puedan sus súbditos alcanzar una vida y un desarrollo dignos. Un Estado necesita de universidades, medios de transporte, hospitales, ejército, policía y en general una red administrativa capaz de asegurar a sus habitantes la eficaz prestación de unos servicios.

¿Cumple con todos estos requisitos un Estado de tamaño minúsculo? Obviamente, no. Un territorio mínimo como San Marino, por ejemplo, no puede proporcionar a sus escasos súbditos los servicios sanitarios, culturales, industriales o de otro tipo que éstos van a precisar, y el resultado será una efectiva dependencia en esos terrenos de sus vecinos más poderosos. Que esta independencia puede mantenerse por razones históricas, por la “bondad” de esos vecinos o por la garantía de la ONU es lo de menos: sus habitantes precisarán inexcusablemente estar recurriendo de forma continua a otros Estados mayores para posibilitar su supervivencia.

Con lo cual se llega pronto a una cuestión decisiva: ¿Quién pagará estos servicios? Un Estado grande los financiará en base a su sistema impositivo, pero no ocurrirá así con un Estado liliputiense. Obviamente, matricularse en una Universidad (al menos en Europa) no supone contribuir, ni siquiera de forma proporcional (pues éstas suele ser deficitarias) al servicio que con ello se recibe. Circular por una carretera no supone haber pagado ni en una mínima parte su construcción. El súbdito francés que recorre España en su automóvil consume una parte de la inversión española realizada en carreteras, pero ésta se verá compensada, en una mayor o menor parte, por el consumo de los ciudadanos españoles visitando Francia. O, en todo caso, a través del precio de los productos que el francés comprará en España, nuestro país se resarcirá del consumo que nuestro visitante habrá hecho de nuestras infraestructuras.

Nada de eso es cierto en el caso del monegasco que visita Francia u otro país. El súbdito de ese país de opereta que sale fuera de sus fronteras se limitará a utilizar gratuitamente lo que sus vecinos habrán construido. De paso, esto provocará un chusco efecto: al no precisar estar gravado con los impuestos que paga un francés, el monegasco podrá disfrutar de un mayor nivel de vida. Más aún, podrá implantar en su país un sistema de leyes que no serían permisibles en Francia, y que de hecho constituirán una competencia desleal para con el país que les permite existir. Podrá establecer comercios más baratos al no pagarse en ellos IVA ni otros impuestos, podrá implantar casinos de juego, quizás prohibidos en Francia, o establecer cuentas numeradas en sus bancos, que esquivarán los impuestos que en Francia pagarían, o vivir de actividades no productivas, sólo posibles gracias a su especial situación, desde la emisión de series de sellos hasta la deliberada alimentación de noticias de la prensa amarilla o del corazón. Estas situaciones persistirán, perjudicando en el fondo a sus estados “nodrizas”, y persistirán en tanto éstas lo consientan.

Pongamos un ejemplo, hoy casi olvidado: hacia los años 50 se establecieron en Andorra algunas compañías de transportes que operaban en la vecina provincia de Lleida. Las ventajas eran obvias: los camiones de esas empresas eran más baratos (al ser comprados en Andorra, ahorraban los impuestos de lujo y matriculación vigentes en España), los carburantes utilizados, que se repostaban en Andorra, eran también más económicos, los impuestos pagados a su Estado eran bajos o nulos. La consecuencia fue inmediata: las compañías de transportes leridanas entraron en crisis. No podían soportar la desleal competencia que se les hacía desde el minúsculo Estado pirenaico.

Las protestas no se hicieron esperar, y fueron transmitidas al Consell Andorrà. Pero éste prefirió ignorarlas. El tiempo transcurría, y las empresas leridanas clamaban más y más por una solución. ¿Qué hacer?

La “solución” aplicada fue sólo posible en el seno de un Estado franquista. Un buen día el gobernador civil de Lleida, ignoro si con o sin permiso de Madrid, cerró la frontera con Andorra. ¡Imaginemos una situación similar hoy! Pero en aquella época las cosas eran distintas. Los días transcurrieron, la situación se invirtió y Andorra, privada de los compradores procedentes de España, entró pronto en crisis. Finalmente, tras unos meses, se llegó a un acuerdo, la frontera fue reabierta y el casi arruinado comercio andorrano pudo al fin abrir sus puertas de nuevo.

Un episodio similar se vivió más recientemente, cuando en 1968 nuestro Estado, todavía franquista, cerró la frontera con Gibraltar, harto del contrabando que desde allí castigaba la vida económica española. También la situación duró unos años, pero la llegada del gobierno socialista terminó con el cierre. Obviamente, no era nada favorecedor para España el mantenimiento de una frontera cerrada, en el mejor estilo de Berlín. Nuevamente las presiones internacionales han impuesto la tolerancia de un microestado cuya principal “actividad” es vivir a costa de su vecino.

¿Son lógicas estas situaciones? Independientemente de todo lo expuesto, se opone a la existencia de esos enclaves un razón más poderosa, si cabe: la geopolítica. ¿Puede tolerar un gran país la existencia de un Estado menudo, dotado de plena soberanía, que puede utilizar para actividades que perjudican al gran vecino? Y digo “tolerar” no en sentido moral ni de Derecho más o menos internacional, sino puramente fáctico. Los equilibrios geopolíticos se establecen a través de la delimitación de fronteras de influencia de los Estados, motivadas por razones históricas, de distancia y, naturalmente, étnicas y nacionalistas. En ese proceso las entidades menores son irremisiblemente arrastradas, y la perviviencia de algunas por excepción histórica resulta cada vez más incongruente. En determinados casos (Gibraltar por ejemplo) se ha aducido la “voluntad” de sus ciudadanos, expresada en referéndums o como sea. Pero, ¿es válido incluso esto? ¿Se iba a conceder la independencia a Villacascajos de Arriba sólo porque sus habitantes lo desearan? Las fuertes razones de equilibrio geopolítico pesan más incluso que la voluntad de las personas, y la actual organización política mundial arrastra inevitablemente a las entidades menores, incapaces de imponer esa voluntad. Sin duda algunos lo lamentarán, pero las cosas son así. Qué le vamos a hacer.

Josep M. Albaigès i Olivart

Salou, agosto 2001