El 51 %

A raíz de ciertas decisiones polémicas como la aprobación por el Parlamento vasco del famoso “Plan Ibarretxe” se oyeron objeciones basadas en que, en realidad, los votos favorables sólo representaban a la mitad de la población, y por tanto su validez era un tanto espuria. Esta música la oímos a menudo. Por ejemplo, cuando la apretada victoria electoral de Bush en 2000, o la de Pujol en 2000. El mismo presidente de gobierno criticó el famoso plan vasco alegando que las grandes decisiones no pueden ser tomadas con el 51 % de los votos.

Buena frase, pero, ¿quién y cómo se decide si una decisión es vital? ¿Con la opinión del 51 % de los consultados? No nos engañemos: en toda Europa, incluso en todo el mundo, se gobierna con el 51 % de mayoría, y la política que se sigue representa los deseos de esa mayoría, con o sin el beneplácito del 49 % restante. Las decisiones por unanimidad o gran consenso son escasas, e incluso en este caso subsiste la duda sobre su realidad. ¿Quién acaba de creerse esas votaciones a estilo franquista con un 99 % de mayoría? Incluso si los legítimos representantes del pueblo consiguen una mayoría similar, resulta sospechosa. Cuando se aprobó por el Parlamento español la supresión de la pena de muerte prácticamente por aclamación, se pudo poner firmemente en duda que esta unanimidad en el Parlamento reflejara realmente una unanimidad popular, y flotó en el aire la sospecha de que los parlamentarios se habían dejado llevar más por sus convicciones personales que por la fidelidad al pueblo al que decían servir. ¿O está la actividad política destinada a formar al pueblo, aun contra los deseos de éste? Cuidado, ese invento es viejo y se llama despotismo ilustrado.

Los viejos mitos se han derrumbado, y ya nadie cree en Dios, suponiendo que alguna vez se haya creído en él de verdad. La conducta de la sociedad, incluida la religiosa, es completamente laica, los deberes que se apoyaban en la fe han sido paulatinamente rechazados, primero por la sociedad agnóstica, pero la sedicientemente religiosa se ha sumado al tren de vida resultante de la eliminación con entusiasmo, observando, eso sí, una pretensión de religiosidad vista como hipócrita por el resto de la sociedad, lo que ocasiona nuevas pérdidas. Los datos estadísticos son concluyentes: en cinco años, la juventud ha pasado de un 30 % de prácticas religiosas a un 14 %. ¡Una séptima parte de la sociedad! Fácil es ver que vamos en camino de una laicización total.

Como no podía menos que ser, esta nueva actitud (talante, por decirlo con palabra de moda) incide directamente en la consideración de la actitud respecto a los deberes que tradicionalmente imponía otra organización: el Estado. Entre ellos, la participación en guerras para la defensa de ese Estado. ¿Cómo se va a exigir el sacrificio de la propia vida si fija ésta como el bien supremo, se proscribe la pena de muerte aun para los delitos más abyectos y no se ahorra, en su momento, todo género de alabanzas y esfuerzos para conservarla? Pensemos en los esfuerzos sociales invertidos, no ya en salvar la vida de una mujer condenada a lapidación por adúltera incluso para salvar la vida de un ballenato encallado en una playa.

La antigua sociedad descansaba, para el cumplimiento de las leyes, en la presunción de que éstas residían “en las estrellas”, desde las cuales se inscribían a fuego en el propio espíritu. Hoy los viejos mitos han caído. Los mandamientos de la Ley de Dios han sido sustituidos por constituciones, documentos a los que se pretende dar valor omnímodo por el simple hecho de que han sido aprobados por una mayoría de la población.

Pero también esas constituciones responden a intereses de partido. Noruega había suprimido la pena de muerte mucho antes que España, pero el rencor desatado tras la II Guerra Mundial, que exigía chivos expiatorios, forzó la modificación de esa constitución para restablecer la última pena y permitir que Quisling, el jefe de gobierno colaboracionista, pudiera ser fusilado “legalmente”. En la vecina Suecia, una ley aprobada por el Parlamento fue aplicada de forma retroactiva para despojar de sus derechos sucesorios al heredero de la Corona. Claro es que esto pone en duda la validez de esos documentos como sustitutos de la antigua voluntad divina.

Pero volvamos al 51 %. ¿Qué valor tiene? ¿Dónde reside el derecho de esta mayoría a imponer su voluntado sobre la minoría? ¿Por qué el 51 % puede obligar al 49 % a actuar contra los deseos de éste? Privados de la “legitimidad estelar”, que se sustenta en la mera voluntad del pueblo, cada vez resulta más difícil justificar o desjustificar algo basándose meramente en ella. Alguien puede ser reo de delitos, pero si dispone de una base lo suficientemente fuerte, pude pasar sobre éstos y modificar lo que convencionalmente se llama la “verdad”. Recordemos a Papandreu en Grecia, a Felipe González en España, todos ellos reos (o al menos acusados por una parte importante de la población) de fuertes delitos. El apoyo de un partido suficientemente poderoso acabó absolviendo a ambos y limpiando su expediente, cosa aceptada por sus partidarios.

El derecho de las mayorías, que muchos pretenden erigir en nueva piedra angular de la democracia, es en el fondo un sustitutivo de la fuerza de la conquista, de la violencia: implícitamente se supone que, enfrentadas la mayoría y la minoría, vencería la primera por el simple hecho de ser su fuerza numérica superior, y esta asunción se traslada a un recuento de los opinantes en cada sentido, cuya voluntad aceptan los restantes. En el fondo, no es más que la aplicación de la vieja teoría de Trasímaco, el interlocutor de Platón, que justificaba el “derecho del más fuerte”, llamándolo “la ventaja propia del superior”.

El respeto a la voluntad de la mayoría lleva a la implementación de organizaciones destinadas a captar esa mayoría, los partidos políticos. Todo el mundo sabe hoy que éstos se han convertido en meras máquinas electorales: así como el ejército funciona sólo de verdad durante la batalla, con la única ocupación en tiempos de paz a mantenerse en forma, así hacen los partidos políticos, que trabajan a tope en las elecciones, dedicándose el resto del tiempo a hibernar, a vivir de las rentas y a preparar el siguiente envite desgastando al contrario.

Para fijar las ideas, vamos a limitarnos a un sistema político simplificado, con un solo eje de deseos del electorado, que simbolizaremos en los polos izquierda-derecha (más adelante analizaremos la aparición de nuevos ejes, como el centralista-periférico, o el religioso-laico). Por razones de economía política, el partido político tiende a limitarse a la consecución de la mayoría estricta para gobernar. Para ello se impone un estudio muy a fondo de los deseos de la comunidad, y satisfacer éstos en la medida en que permitan conseguir esta mayoría, pero sin pasarse, pues esto impondría demasiados sacrificios. La extrema derecha o la extrema izquierda están condenadas a que se les preste desde su propio hogar una atención meramente simbólica, pues una y otra están encadenadas a éste, y no les es concebible cambiar de grupo por muy mal que les sean servidos sus anhelos desde el suyo. Donde hay que afinar la pluma y velar las armas es en la conquista del centro, entendido éste no en la acepción que le han dado algunos partidos, que han llegado a titularse “de centro”, sino en esa masa indecisa, con sentimientos encontrados, a quien no satisface plenamente ni el planteamiento diestro ni el siniestro. Los partidos tenderán a titularse no ya de derechas ni de izquierdas como en otros tiempos, sino de centro-derecha o de centro-izquierda, siempre en busca de ese enclave mesocrático que les permita desnivelar la casi equilibrada balanza en su favor. Un sistema electoral bipolar tenderá siempre al bipartidismo. Sus cálculos, cada vez más afinados, tenderán a afilar su programa en orden a la captación del sector centrista, que será el verdadero centro de la disputa entre la derecha y la izquierda. Siempre se tratará de pasar del 49 % al 51 %. Y una vez alcanzado éste, se desentenderá del resto por innecesario. En el fondo es una cuestión de economía: nadie compra dos billetes de avión si con uno tiene bastante. ¿A qué invertir más en el viaje?

Los ejemplos abundan, pero me gustaría citar algunos especialmente significativos. En 1992 se celebró en Dinamarca el referéndum de adhesión a los convenios de Maastricht (Mastrique, para los muy españoles). Entre una fuerte disputa, ganó el NO por un 50,7 %. ¿Cuál fue la reacción de los mastriquistas? Muy sencillo, construir una “versión danesa” de estos acuerdos, que concediera privilegios especiales a los habitantes de la península para que algunos indecisos se decantaran esta vez por el SI. Efectivamente, en el nuevo referéndum, celebrado en el año siguiente, ganó éste por un 56,8 % (seguro que más de uno pensaría que se habían hecho demasiadas concesiones).

¿Excepción? Bueno, ahí va otro ejemplo. En los referendos celebrados en 1980 en Andalucía para decidir la formación de la autonomía andaluza, no se consiguió la unanimidad de todas las provincias, requerida para poder llevar a efecto el cambio. Hubo una provincia rebelde, Almería, que se negó, por escasa mayoría, a probar la norma. ¿Solución? Se cambió desde Madrid el reglamento, y asunto resulto: desde entonces, Andalucía es una autonomía más.

Espero que nadie me pida un tercer ejemplo, que sería muy fácil encontrar. ¿Qué comentario merecen estas actuaciones por parte de los realmente demócratas? ¿No suena esto a fraude? En realidad, puede decirse que el 51 % ha arrastrado a todo el país hacia un lado u otro, como un pequeño cambio de posición desvía la gota de lluvia en un sentido del alero del tejado o en otro, incluso hacia un océano u otro.

En definitiva: la conquista del poder se reduce a la conquista del 51 %, para poder dominar al 49 %. Es inevitable que a la larga esto produzca una fractura social, tanto más aguda cuanto más igualadas estén las fuerzas. Pero ése es tema para otro día.

Josep M. Albaigès

Barcelona, marzo 2005