El aparcamiento de Lleida

Corrían los años 70, y la congestión automovilística aumentaba en las ciudades. Los aparcamientos subterráneos, antes reservados a Madrid y Barcelona, se iban extendiendo a las localidades de tipo medio, y pronto le tocó el turno a Lleida (en aquellos tiempos, Lérida). Existía una plaza sorprendentemente grande, la de Sant Joan, en la transición entre la ciudad medieval y la moderna, que se prestaba estupendamente a ello, y para ella proyecté un aparcamiento de tres plantas subterráneas y unas 400 plazas de capacidad. Antes de iniciar el proyecto consulté con Josep Lladonosa, historiador oficial de la ciudad, para conocer su opinión sobre la posibilidad de existencia de restos arqueológicos en el subsuelo, y dicho experto se mostró escéptico, pues al parecer la plaza databa del siglo XVII más o menos, y por tanto no eran de esperar incidencias de este tipo.

Y las obras empezaron. El primer contratiempo se registró al pretender ubicar las rampas de entrada y salida en la calle Zaragoza, angosta travesía que comunicaba la plaza con el paseo junto al río Segre. El gerente del Banco Zaragozano, con fachada a la calleja, protestó inmediatamente por nuestra “invasión en sus dominios” (!). Investigado el caso, resultó que ¡el subsuelo de la calle era propiedad del banco! Esta extraña situación se daba porque, terminada la guerra civil, el espacio de lo que era calle de Zaragoza fue expropiado sin más a dicho banco para facilitar la comunicación antedicha, pero la entidad bancaria consiguió reservarse la propiedad del subsuelo, donde tenía ubicadas nada menos que las cajas de seguridad. La historia fue corroborada por un antiguo miembro de la Comisión de Ciudades Devastadas, que había intervenido allí en la postguerra. Al final, gracias a la buena voluntad de todos, consiguió llegarse a un acuerdo sobre el sorprendente tema.

Superado el escollo, nada se oponía ya aparentemente a la obra, y empezó la excavación de la plaza con toda intensidad. Pero un buen día, el ingeniero encargado llamó a mi despacho de Barcelona para anunciarme la sorprendente aparición de unos restos de gran entidad en el subsuelo. “Es algo muy gordo”, recuerdo que fueron sus asustadas palabras. Inmediatamente me dirigí a Lleida, para ver que una multitud de curiosos llenaba las aceras de la plaza observando lo que las máquinas excavadoras dejaban al descubierto.

Se trataba de un muro en planta de herradura de casi un metro de espesor y unos cinco de altura. Nadie se explicaba qué era aquello, e inmediatamente se especuló sobre su origen y antigüedad, con lastimosos palos de ciego por todas partes. El asesor de arte del ayuntamiento, un experto de cuyo nombre prefiero no acordarme, no estaba seguro de si el muro procedía del siglo V o del XV (ahí es nada, mil años de indeterminación), pero lo que era seguro era “que se traban de restos de gran valor”.

Eran aquéllos unos tiempos en que los políticos tenían horror a ser tildados de analfabetos o poco sensibles al arte y la cultura (esto no ha cambiado), y las declaraciones del “experto” provocaron un conmoción en el Consistorio municipal. Lo único que se decidió en claro fue la paralización inmediata de las obras “hasta mejor proveer”, y con ello empezaron a desarrollarse unos acontecimientos de aire tragicómico.

En efecto, mi empresa proyectista-constructora se vio con los equipos materiales y humanos desplazados y sin saber qué hacer con ellos. La empresa concesionaria, que había firmado con nosotros el programa constructivo, realizado los cálculos de rentabilidad de la obra contando con la realización de un aparcamiento de 400 plazas y contrayendo compromisos con sus accionistas y con los bancos financiadores, se encontró como se dice popularmente, “colgada”. Mi empresa constructora fue retirando los efectivos hasta tanto no se resolviera el problema, y entre éstos se contaba la retirada de las vallas de la obra, que evitaban que algún transeúnte cayera en el hueco destinado al aparcamiento. Pero el Ayuntamiento no consintió en ello, aunque, eso sí, sin contraer ningún compromiso en cuanto al pago del alquiler. Se cruzaron litigios entre la empresa constructora y la concesionaria, entre ésta y el ayuntamiento y entre el ayuntamiento y mi empresa, a la manera como se atizaban todos contra todos en el divertido episodio de don Quijote y Sancho en la venta, donde todos formaban “la más divertida escaramuza del mundo”. Los únicos que no decían ni pío eran los de la Comisión Municipal de Arte, que se limitaban a dejar pasar el tiempo antes de decidir si el muro era del año 500 o del 1500. Lladonosa prefirió inhibirse en una polémica de la que nada bueno iba a resultar para él.

Así transcurrieron varios meses. Cansado de tanta inactividad, solicité un día permiso en el Ayuntamiento para revisar los planos de urbanización de la ciudad, y, ¡oh sorpresa! Resultó que la actual plaza de San Juan tenía poco más de un siglo de antigüedad. Aprovechando el río revuelto de la anticlerical revolución de 1868, se había decidido en 1869 la nueva urbanización de la ya entonces existente plaza de San Juan, ampliándola al doble de su superficie. Para ello fue necesario el derribo de la antigua iglesia de San Juan (al parecer, finalmente del siglo XIV) y su sustitución por una nueva, todavía hoy existente, en un lado de la nueva plaza. Más aún: en el estudio de las nuevas rasantes, la nueva plaza quedaba unos 5 metros más alta que la antigua, por lo que el derribo total de la antigua iglesia de San Juan era innecesario, y los urbanizadores se limitaron a “afeitar” su parte superior, rellenar de tierra toda la plaza y dejar, enterrado, el muñón de muro resultante.

Centro de convenciones de la plaza de St. Joan

Ya ven, no era tan difícil averiguar el origen de los misteriosos restos. Hubiera bastado con darse una vuelta por el archivo municipal. El caso que ya era hora de poner fin al desaguisado, pues mientras tanto la plaza se había convertido en un vertedero público: desde basura hasta colchones se amontonaban en su interior. La lluvia había formado charcos en el hoyo, y éstos criaban mosquitos. ¡Hasta la salubridad pública estaba amenazada! Por fin, a los dos años de inactividad, el Ayuntamiento empezó a dar señales de querer resolver el problema.

Pero el caso había sido ya tan comentado, que nadie se atrevió a tomar decisiones sobre los famosos “restos”. La solución adoptada al final fue propia de los emplastos políticos: me vi obligado a rehacer el proyecto, suprimiendo superficie al aparcamiento, con lo que éste perdió su “capacidad de rentabilidad”, lo que notaron claramente las arcas de la empresa concesionaria. Mi empresa constructora fue reintegrada de su crédito, aunque no de los daños y perjuicios, y finalmente pudo inaugurarse un aparcamiento de capacidad ridícula, cuya explotación fue desde el primer día deficitaria.

¿Y las ruinas? Ah, amigo, para eso acabó encontrándose presupuesto. Todo un sector de la plaza fue dedicado a ellas, se aprovechó el espacio para construir un centro de convenciones, y todavía hoy pueden visitarse como un orgullo más de la ciudad. Quién se lo iba a decir a los revolucionarios de la Gloriosa, que por pura economía se habían abstenido del derribo total de la iglesia. Pero qué le vamos a hacer: la técnica, la política y el arte forjan extraños compañeros de cama.

Josep M. Albaigès

Ingeniero de Caminos

Barcelona, febrero de 2006