HABLANDO DE ENCLAVES

Está visto que este 2004 es año de centenarios y de roces patrioteros. Sin ir más lejos, la diplomacia española tuvo ocasión de sentirse herida cuando a fines de julio el submarino nuclear británico Tireless visitó Gibraltar (por cierto que nadie diría ni pío cuando otro submarino nuclear estadounidense procedente de Rota irrumpió a fines del mismo mes entre unos regatistas en Cádiz). Remachando el clavo, el 4 de agosto se celebró en Gibraltar, con todo el boato posible, el 300º aniversario de su toma por las fuerzas británicas, dentro de la guerra de Sucesión española. Desde aquella lejana fecha, en paz o en guerra, con amistad o con frialdad, el tema no ha dejado de estar presente en las reivindicaciones más o menos airadas que seguimos contemplando, con franquismo o con democracia. Expuse una vez (Las guerras en reserva, Omnia-88) mi opinión sobre este tipo de temas, pero, aprovechando también nosotros la efeméride, podemos centrarnos hoy explícitamente en la Roca.

Lo primero que habría que preguntarse es por qué tanta insistencia en andar siempre recordando que “Gibraltar es español”, cuando nunca he visto el menor énfasis en reclamar el Rosselló, tierra infinitamente más rica y más extensa, también arrebatado a España por Francia en 1659, es decir, sólo 35 años antes que Gibraltar. ¿Es que hay reivindicaciones de primera y de segunda? Queda lanzado el tema para que el que quiera medite sobre él y llegue a conclusiones.

Pero no es ésa la cuestión de hoy, sino especular sobre cuál debería ser el destino lógico de Gibraltar. ¿Británico? ¿Español? ¿Estado independiente? Curiosamente, los argumentos que suelen manejarse aquí giran alrededor de dos ejes: la Historia y la voluntad de los llanitos. El caso es, que para mí, ninguno de los dos tiene valor.

Que no lo tiene el primero está claro vista la persistencia del Estado español por ignorar la reivindicación antes comentada del Rosselló. En cuanto a la voluntad de sus habitantes, expresada con porcentajes del 99,9 % (más o menos), tampoco supone, creo yo, ningún argumento de gran peso. Pues, si éste es un factor tan importante, ¿cómo negar la independencia al berlanguiano Villar del Río (valga el ejemplo) si algún día sus habitantes la reclaman con un porcentaje de referéndum análogo?

En mi opinión, el único argumento a tener en cuenta aquí es el geopolítico. Ya comenté en mi artículo Los Estados parásitos (Omnia-92) uno de los factores del tema, el económico. ¿Puede un miniestado existir a costa de otro mayor, capaz de sustentar una serie de servicios que sólo a partir de un “tamaño crítico” son posibles? ¿Es lógico que el gran Estado aguante la parasitez del menor? Especialmente cuando éste sustenta su actividad económica en actividades que dañan al mayor (juego, empresas off-shore, contrabando, etc.).

Pero hoy tocaré otro punto, que algunas almas delicadas pueden encontrar cínico. ¿Puede un gran Estado consentir la existencia de otro minúsculo, que pueda convertirse en cualquier momento en una amenaza para su seguridad? Gibraltar debe ser español por la misma razón que en su día fue inglés: porque las amenazas procedentes de un enanito no tienen cabida en un mundo presidido por el equilibrio entre potencias. Repito: quede claro que no estoy hablando de ninguna ley moral, sino del frío “derecho” de cualquier organismo, desde luego también los políticos, a sobrevivir, incluyendo en ello la eliminación de sus enemigos potenciales. Ahí están la larga serie de guerras preventivas que hemos visto en el siglo XX, desde la II Mundial a la de Iraq.

Éste es para mí el factor clave. No descansa en ningún criterio moral, que ya Maquiavelo afirmó que sólo son en todo caso aplicables a las relaciones entre personas, nunca a las que se dan entre Estados. Es un hecho que las leyes geopolíticas son distintas a las morales, y han obrado siempre en todos los actos, desde el estallido de la bomba atómica al bombardeo de Kossovo por la OTAN. Los factores justificadores vienen después para alivio de los bienpensantes, pero se trata simplemente de un adorno a los hechos decididos en virtud de otras consideraciones. Sólo el peligro de la sanción puede limitar la capacidad de acción de un estado sobre otro, provenga esta sanción del Estado vecino, de la ONU o de cualquier otro poder. Recordemos: el poder, ésa es la clave. Como ya recordaba Bismarck, “Las grandes cuestiones no se resuelven por la elocuencia ni por los votos, sino por el hierro y la sangre”.

Sentada así la doctrina, resultará inmediato pasar a Ceuta y Melilla. ¿Qué hacer con ellas? La más mínima obligación de ser consecuente implica que también ellas deben pasar, a más o menos plazo, a Marruecos. Y que no se asusten los patriotas a ultranza. No estoy hablando de mañana, y, sobre todo, estoy hablando de soberanía, no de vasallaje. Ceuta y Melilla deberán pertenecer algún día a Marruecos, es decir, que su suelo formará parte del Estado marroquí, pero esto no obsta a que la imaginación encuentre fórmulas y garantías aceptables para su población (obviamente, lo mismo ocurriría con Gibraltar). ¿Es que no se han hallado soluciones para Hong Kong, para Transdniéster, para Puerto Rico y tantos otros territorios sometidos a régimen especial? ¿No se buscó (esta vez, sin éxito) para Chipre? Poca capacidad e imaginación demostrarían los políticos españoles, ingleses y marroquíes si no fueran capaces de hallar una fórmula adecuada para la protección de las individualidades cuya soberanía debe transferirse.

Por cierto que, hablando de Ceuta y Melilla, se utiliza a menudo un argumento peligroso por su doble filo. He oído infinidad de veces que estos enclaves eran portugueses o españoles desde mucho antes de que existiera Marruecos. En primer lugar, habría que fijar bien claro qué se entiende por Marruecos, si el territorio y la nacionalidad magrebíes, o simplemente el hecho de la presencia de un Estado marroquí en el mundo. Si es así, cuidado. Tampoco el Estado español existía en 1704. Existían el reino de Castilla y la Corona de Aragón, unidos tan sólo por una coincidencia dinástica. Pero el Estado español sólo empezó a existir en 1716, con el Decreto de Nueva Planta.

Josep Maria Albaigès i Olivart

Torredembarra, agosto 2004