SR. JUEZ

Éste era la dirección que tradicionalmente escribían los suicidas en el sobre destinado a dejar claro ante la autoridad competente que no debía culparse a nadie de su muerte, voluntariamente asumida. Implícito estaba en la liturgia propia del suicidio que nadie tenía derecho a entrometerse con los motivos del que lo practicaba, salvo, en todo caso, la eterna metomentodo eclesial.

Pero no hablaremos de ella en este caso, sino de esos funcionarios que con tantas ganas han recogido su testigo en nuestros tiempos. No contentos de que el tetrapléjico Sampedro se saliera finalmente con la suya, parecen muy dispuestos a aplicar la norma de “quien la hace, que la pague”, aunque hacerla sea, en este caso, una mera cuestión de definición judicial. Y buscan “cómplices” con una avidez que ya quisiéramos todos en tantos casos con la prensa se ve bombardeada a diario.

Vivimos unos años paradójicos. Estas pasadas Navidades he visto las figurillas de pesebre llamadas caganers (“defecadores”, una curiosa costumbre catalana) en figura de Pujol, de Aznar, del rey y hasta del papa, y nadie se ha metido con sus autores ni vendedores. Pero me pregunto qué hubiera sucedido si el representado en actitud evacuatoria hubiera sido tal o cual figura de alguna veneranda institución judicial. Las garantías que afortunadamente hemos ido consiguiendo en este país en los últimos años prevendrían de cualquier encarcelamiento arbitrario contra quien osara meterse con nuestras más altas figuras de la política, pero una simple orden del juez más remoto puede ponernos en la cárcel a cualquiera en cuestión de minutos.

Y, desde luego, muchos jueces están encantados con esta prerrogativa y no vacilan en usarla a la más mínima. “¡Cuidado con nosotros!”, truenan advisoriamente a menudo. Si un locutor radiofónico, en el calor de una entrevista, se atreve a insinuar que “se comenta” que “quizá” algunos “opinan” que tal institución judicial “pudiera” ser “un poco” corporativa, la respuesta llega con voz de pocos amigos. “Nada de eso, porque etc. etc.” Por lo visto el caso Estivill, salvado por cierto nada menos que gracias al voto de quien ocupa la más alta institución ejecutiva judicial, no ha existido. Como los jueces procesados por “posible” corrupción. Ni existen las escandalosas demoras en los juicios, a veces debidas al simple berrinche de dos jueces enemistados.

No es lo peor que el sistema legal español no funcione, sino que al parecer sus responsables no se han enterado. No importa que los asuntos judiciales se demoren años y años, ocasionando la ruina de quienes confiaron en la justicia (desgraciadamente, con minúscula): en la sentencia se añade el latiguillo “el cúmulo de asunto pendientes ha demorado la resolución” y listos. Si la letra de cambio o el cheque han llegado a ser papel mojado por obra de tantos intérpretes de la justicia que no han sabido siquiera en qué consistían esos documentos, ¿qué importa? El prosaico mundo comercial no va con la ley. Si se forma un desbarajuste en las relaciones entre propietarios e inquilinos, o entre cónyuges separados, o entre trabajadores y patronos, todo eso cuenta poco ante la solemne dignidad de la Ley.

Quizás el problema de fondo está en que muchos de sus intérpretes han olvidado que ésta está al servicio del ciudadano, y creen honradamente —la honradez es lo último que dejará de suponérseles— que el mundo es un mecanismo de relojería legal, y que la sagrada misión de los juristas es cuidar de que la máquina ruede sin chirridos. El principio es lo que cuenta, la realidad, poco. Cuando los turcos entraron finalmente en Constantinopla encontraron a sus doctores de la ley enfrascados en determinar cuestiones tan candentes como si el ente era unívoco o análogo, o los ángeles tenían sexo o no. Y así vemos hoy estupendos artículos en las revistas jurídicas sobre la inviolabilidad de la vida, la definición de la vida, mientras que las técnicas de reproducción asistida siguen adelante pese a tan ridículos esfuerzos de los doctores de la ley. Una vez más, el mundo hace ley mientras los encargados de ella discuten y bostezan.

Pero volvamos a Sampedro. ¿No pasarán al museo de la ley los esfuerzos de este hombre por conseguir disponer de algo tan radicalmente suyo como era su propia vida? Todos los esfuerzos, las innúmeras precauciones que ha debido tomar para prevenir el aparato de la ley (en este caso eficaz, cuando tanto tiene por hacer en todos los demás terrenos, según hemos visto), sonarán a esas vestimentas formadas de blusas, corpiños, encajes, pasamanerías y enaguas con que el cuerpo femenino era cubierto a principio de siglo.

Sí. Comerciantes impagados, maridos y mujeres escarnecidos, caseros e inquilinos desdeñados, olvidad muestras minucias, que el solemne aparato de la ley está hoy muy ocupado buscando quién ayudó a Sampedro a conseguir esos gramos de cianuro. En algún rincón de los libros de la Ley existe una letra muerta pero muy venerada por algunas personas desconectadas de nuestro tiempo. Y según esa letra, las formas deben ser mantenidas. Todo, se supone, en beneficio de esas futuras generaciones que, si encuentran un mundo hecho a su medida, habrá sido por obra de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y artistas. ¡Qué pena que en este equipo de hacedores del mundo futuro no estén presente los leguleyos!

Josep M. Albaigés

Barcelona, enero 1998