¿SON LOS POBRES MÁS VIRTUOSOS?

 

La Revolución Francesa pasó por sus máximas dificultades en tiempos de la Convención (1793-95). Los años de anarquía revolucionaria habían disminuido la productividad, los ejércitos enemigos se hallaban a las puertas de Francia, incluso la contrarrevolución vendeana amenazaba desde dentro la joven República. Los jacobinos en el poder hicieron frente a los cuantiosos gastos emitiendo más y más papel moneda (los famosos assignés); el resultado inevitable fue la inflación y de ella resultó la Ley del Máximum, o lo que es lo mismo, el control estatal de precios, que en el fondo nada resolvió. Quien haya vivido situaciones como el estraperlo en la posguerra española o la anarquía inflacionaria en los años del cambio democrático sabe de qué estoy hablando.

La situación francesa indujo a un nuevo cambio de mentalidad en la clase dirigente. Hasta aquel momento, la existencia de ricos y pobres se había considerado como una expresión de orden divino, ni más ni menos que la sucesión de las estaciones o la ley de la gravedad: quizás incómodas, mas inevitables y necesarias como parte de una estructura planetaria. Pero los jacobinos observaron que, en esas críticas circunstancias, algunos (los especuladores en general) sacaban provecho de la situación, y nació un nuevo baremo de valoración de actitudes. El ciudadano virtuoso era patriota, servía en el ejército y se sometía a la Ley del Máximum; la mejor demostración de todo ello era su pobreza. En cambio, el rico, por el mero hecho de serlo, demostraba que pensaba en sí mismo más que en Francia. Robespierre y Saint-Just hallaron en seguida la moraleja: los pobres eran buenos por definición, y por ello debían ser recompensados. ¿Cómo? Mediante una redistribución de la riqueza que les librara de ser pobres (en el fondo, quizá no pensaron en que esto les quitaría la virtud), y, de paso, aligeraría a los ricos de sus injustas riquezas (el castigo a los ricos no se limitaba a esto; la guillotina estaba presente).

Esta doctrina no tardaría en dar la vuelta al mundo con todos los ideales de la Revolución. Y todavía subsiste, tan impregnada en las doctrinas politicosociales, que ha acabado tomándose como un postulado. Se enuncia abiertamente que uno de los objetivos de la tarea del Estado es la redistribución de la riqueza, sin cuestionarse si esto es justo o no. ¿Es justo retribuir al que no ha conseguido salir de su situación de pobreza, sin preguntarse antes si es por su culpa o no? ¿Es lícito despojar al que la ha ganado, sin averiguar si los medios empleados para ello fueron lícitos o ilícitos? Al lado del Gran Postulado han florecido diversos corolarios, no aceptados tan universalmente, pero aducidos de forma a menudo subliminal para justificarlo: todo pobre lo es porque la sociedad ha sido injusta con él; todo rico ha obrado ilegítimamente, o, como mínimo, se ha aprovechado de un ordenamiento o una situación sociales injustos.

De aquí surgen, con la mayor naturalidad, multitud de actuaciones estatales, que han ido asumiendo tanto la izquierda como, más a regañadientes, la derecha: hay que acortar las distancias, y para ello el Estado debe convertirse en un benefactor que resuelva los problemas de la sanidad, de la educación, de la seguridad y de casi todos los campos en que se manifieste la actividad humana, incluido, desde luego, la limitación de la propiedad, cuya concepción ha quedado profundamente modificada respecto a la de los tiempos romanos.

Por supuesto, consecuente con esa idea del  mundo es la doctrina socialista radical: las riquezas son abolidas, toda la propiedad es colectiva, el trabajo está garantizado, la sanidad, la educación, son gratuitas (aunque limitadas a la concesión del Gran Hermano, que no tarda en surgir). Pero el tiempo señala que la aplicación de esos principios conduce a ruinas como la URSS o el régimen cubano, y se impone la prudente marcha atrás. La revolución queda limitada a evolución, la expropiación de la clase pudiente queda reducida a un simple ordeñamiento que no restrinja la capacidad creadora de riqueza, y los revolucionarios se fijan objetivos más modestos como librarse discretamente del trabajo (por cierto, la gran virtud del proletario), reduciendo por ejemplo la jornada de 40 horas semanales a 35, u obligando al mantenimiento de los puestos de trabajo en empresas que deben ser financiadas por la colectividad.

En estas condiciones, la fuerza motriz revolucionaria se apaga. Si los pobres ya no son pobres, y al mismo tiempo han cobrado conciencia de lo contraproducente que resulta proseguir ad infinitum en el proceso expropiador de riqueza, ¿qué revolución van a hacer? Y la antorcha es transferida a otros grupos. Las mujeres, las razas preteridas, los gays, pasan a ser los que reclaman una nueva distribución, no ya de riquezas, sino de poder, de prestigio social. Y sigue avanzando el proceso nivelador.

Vivimos hoy un interesante proceso en el que todas las minorías reclaman la igualación, a costa, naturalmente, de las clases antes llamadas “privilegiadas” (hoy se las llama “clases medias”). Esto es posible gracias a que éstas han sido progresivamente reforzadas, gracias al progreso tecnicoeconómico, con la incorporación de gran parte de los antiguos revolucionarios. La Revolución se convierte en una lucha para el ingreso en estas clases, y sólo si tácticamente resulta más ventajoso se emprende esta tarea colectivamente.

Esta pugna, que hasta hace poco era sólo vertical, es hoy también horizontal: los inmigrantes en los Estados del bienestar toman al asalto los países ricos, y el exceso de carga total sobre los “botes de salvamento” amenaza con hundirlos. Un nuevo desorden social se avecina. ¿Estamos a las puertas de una nueva Edad Media, con un Imperio Romano hundido y bárbaros reinos visigodos, lombardos o galos, más primitivos pero más auténticos y combativos, que harán uso de las instituciones del régimen en ruinas a costa de sus antiguos detentadores, en espera de que la molicie en la que inevitablemente van a caer con el tiempo repita el proceso? El siglo XXI promete ser el más apasionante de la historia.

 

                                                                        Josep M. Albaigès

                                                                        Torredembarra, octubre 2004