EL PODER CRECIENTE DE LA PRENSA

En el primer día de la primavera de 1998 varios periódicos españoles repartieron su página de portada entre dos noticias: por un lado, la absolución de los implicados en el caso Arny; por otro, la liberación de un hombre que había ingresado en la cárcel “por haber robado 3500 pesetas”.

Se trata en el fondo de dos manifestaciones del mismo hecho: la afirmación de la prensa como un poder algunos grados por delante ya del cuarto. Los comentarios por la absolución de los hasta entonces supuestos pederastas del Arny rezumaban contrariedad y dudas sobre la ecuanimidad judicial; los dedicados a la “feliz” excarcelación del ladrón (no ex ladrón, pues no se le indultó, sólo se suspendió la sentencia de encarcelamiento), conseguida tras una enérgica campaña en los periódicos, eran un mar de beatitud.

Es una pena tener que recordar a estas alturas cosas elementales. En todo país civilizado, la culpabilidad de nadie en un tema determinado nunca depende de lo que él manifieste (si fuera así, todos inocentes), ni tampoco de lo que manifiesten aquéllos a quien el personaje cae mal (todos culpables, en este caso). A lo largo de los siglos se han delineado trabajosamente unos instrumentos a través de los cuales la sociedad se pronuncia sobre el caso en relación con el acusado. Si un tribunal lo declara inocente, por ejemplo, lo correcto y cívico es aceptar que lo es, concediendo que los profesionales que han estudiado su caso lo han hecho con mayor profundidad y garantías de las que concede una charla de café o un artículo periodístico. En caso de culpabilidad, con todos los respetos hacia el personaje y sean cuales sean sus protestas, la sociedad lo considerará culpable.

Está claro que los acusados del caso Arny caían mal a la prensa. Había una razón suficiente para ello: todos eran personajes famosos y adinerados, y esto, para algunos chupatintas de las rotativas, constituye un delito peor que cualquier otro. Y si en un caso como éste el juicio paralelo que se había montado en torno a ellos acaba siendo desmentido por la autoridad judicial, ni siquiera se tiene la honorabilidad de admitir que se cometió un error perjudicándoles, sino que durante todo el tiempo posible se sostendrá y no enmendará, en el mejor estilo “provincialesco”. De esta forma el plumífero podrá continuar considerándose como investido de una sabiduría mayor que la de los jueces y letrados que han examinado con lupa el caso. Y es que a algunos periodistillos les basta una lectura superficial de las cosas para pontificar sobre ellas con el mayor desparpajo y seguir aferrándose a su temerario orgullo.

¿Y el otro caso, el de las 3500 Pta? Descansaba, naturalmente, en una mala información, hecha a conciencia. El hombre cuya excarcelación celebraba tan orgullosamente la prensa no había sido condenado por robar esa cantidad, sino por hacerlo a punta de navaja. Esto, sin duda para el periodista es una peccata minuta, pero cualquiera que haya sentido la punta de un cuchillo sobre su yugular o la de su mujer o la de sus hijos es posible que opine de forma distinta. Decir, en letra grande, que la condena “era por robar 3500 pesetas” es faltar a la verdad, esa verdad en la que tan a menudo se amparan algunos periodistas para arrollar cuanto no les parece bien. Por lo visto, sigue siendo cierto el aforismo periodístico: “Nunca dejes que la verdad te estropee un buen reportaje”.

En resumen: creo que hay que seguir acatando a los jueces y tribunales, con todas sus limitaciones y errores (yo mismo los he criticado en más de una ocasión). Ahora bien, si queremos que los veredictos de culpabilidad e inocencia los dé la prensa en lugar de los jueces, podemos suprimir todo el aparato de la Justicia y sin duda ahorraremos muchos miles de millones al año, pero habremos entrado de lleno ya en el 1984 orwelliano.

JMAiO, marzo 1998